Cecilia Sánchez Suárez.
Jurista, Miembro de Ben Magec, PX1NMEC y Máster en Energías Renovables.
En nuestro país en los dos
últimos años el recibo de la luz de los consumidores domésticos ha subido casi
el doble (en 2012 el tercero más caro de la UE tras Irlanda y Chipre). Muchos
ciudadanos y ciudadanas han comenzado por primera vez a interesarse por
conceptos antes desconocidos para el público general (qué es el déficit de
tarifa, los peajes de acceso o el término de potencia, por ejemplo) y a hacerse
preguntas para intentar desenmarañar
este panorama tan complicado y opaco para la ciudadanía; ¿cómo funciona el
mercado eléctrico?, ¿se corresponde el precio de generación con el precio final
del kilovatio de electricidad?, ¿por qué el sector de las renovables se está
hundiendo si en España nos sobra sol y viento y fue pionera a nivel mundial en
la pasada década en estas tecnologías? o ¿es ineptitud del gobierno o hay
intereses muy poderosos detrás de este panorama?, serían las preguntas claves
para entenderlo. Otros más prácticos se han esforzado en tomar todas las
medidas posibles para ahorrar, echando un pulso casi inútil a esta situación,
en la mayoría de los casos, bien bajando la potencia contratada o bien usando
dispositivos de ahorro que aparecen en el mercado, entre otras opciones.
El gobierno justifica la reforma
del sector eléctrico en el que estamos inmersos desde que llegó al poder y,
especialmente, las subidas del recibo de electricidad básicamente en que es
necesario equilibrar las pérdidas del sistema eléctrico debidas fundamentalmente:
·
a un misterioso y temido personaje llamado “déficit
de tarifa”, un deuda generada de forma bastante oscura a partir del año 2002 y
especialmente 2006 y que es la diferencia entre ingresos del sistema y gastos
“estimados por las eléctricas” para la generación de la electricidad
negándose sistemáticamente a ser auditadas para comprobar si se corresponde con
la realidad y que actualmente estamos
pagando todos los ciudadanos y beneficiando escandalosamente a las grandes
compañías eléctricas (a pesar de que al inicio de la reforma del sector
eléctrico se insistió en que el coste de la subida sería asumida
equitativamente por las eléctricas y por los ciudadanos).
·
las primas millonarias a las renovables han
provocado en gran parte esta situación. Dicho argumento no tiene base alguna,
ya que la electricidad generada por las renovables tiene el efecto de abaratar
el precio de la electricidad en el mercado diario al ofertarse por ley a precio
cero (además de los beneficios sociales y medioambientales que no interesa
cuantificar), lo que compensa con creces dichas ayudas, que otra manera harían
imposible la fuerte inversión inicial en dicho sector.
·
a la necesidad de incrementar los peajes o
tarifas de acceso, pagos que en principio deberían servir para sufragar los
costes que tienen las compañías en la distribución y transporte de la energía,
pero en el que se incluyen otros como los de interrumpibilidad, 700 millones de
euros anuales a empresas (como altos hornos, siderurgia o empresas del automóvil) para garantizar que en caso
hipotético de subida del consumo de electricidad se les corte a éstas el
suministro). Además dichos peajes al constituir un concepto fijo en la factura
tiene el efecto de premiar a los que más consumen o, lo que es lo mismo,
penalizar a los que ahorran, porque aunque un consumidor se esfuerce por
ahorrar en su consumo siempre va a tener que pagar alrededor de 60% de su
factura en dicho concepto.
·
A los costes de producción de electricidad
extrapeninsulares. En Canarias, por ejemplo, las subvenciones al petróleo necesario para la
producción de la misma supone 2.000 millones anuales. En dicho caso ¿por qué
impiden el fomento autoconsumo ciudadano (especialmente adecuado para un
sistema fraccionado como el de Canarias) basado en fotovoltaica y minieólica
con futuros peajes de respaldo?
Todo despropósito y derroche en
los tiempos que corren. A pesar de su
aplicación, el gobierno no conseguido ni contentar a las eléctricas ni
estabilizar esta escalada constante y escandalosa de subida de la energía en un
país azotado con tasa de desempleo del 25,3% o, lo que es lo mismo 5,77
millones de desempleados (casi un tercio de todo el desempleo de la UE que se
sitúa en 18,91 millones, según datos de diciembre de 2013 de Eurostat). Parece
contraproducente cuando en realidad se debería de apostar por abaratar la
energía, fomentar las energías renovables, la eficiencia energética y las
distintas modalidades de autoconsumo en todos los ámbitos ahora más que nunca, ya
que está más que demostrado por distintos foros que es viable económicamente, si
de verdad se quiere reactivar la economía y erradicar la pobreza energética,
que ha supuesto que el pasado invierno más de 2 millones de familias no
pudiesen pagar sus recibos y por tanto no hayan tenido alumbrado ni calefacción
en sus hogares. Si nos sobra energía
y estamos en un mercado donde rige la oferta y la demanda, es evidente que, además
de mala gestión, hay otros intereses para incrementar desvergonzadamente y
fuera de toda ética los precios a los consumidores.