Al servicio de las eléctricas

Antonio Morales 

Unos días después de aprobada por el Gobierno, la reforma eléctrica elaborada por el ministro de Industria empieza a hacer realidad las aviesas intenciones que escondía y que fueron denunciadas por amplios sectores de la sociedad. El objetivo era acabar con las energías renovables y apuntalar el poder de UNESA, la patronal de las eléctricas españolas, y lo están consiguiendo. Para muestra, dos botones: el anuncio de José Manuel Soria de que el déficit energético aumentará en los próximos meses en unos 3.000 millones de euros (en la actualidad ronda los 26.000) y la nueva subida de la luz en un 3,1% (ya lo hizo, durante su elaboración en agosto, en un porcentaje similar, aunque en las viviendas de menos consumo, al modificarse la Tarifa de Último Recurso, la subida puede alcanzar el 50%). La reforma que nos iba a salvar del déficit tarifario nos está mostrando sus verdaderos propósitos.

Y no es que nos coja de sorpresa. Desde la CNE, asociaciones empresariales, organizaciones de consumidores, grupos ecologistas y expertos independientes, se venía insistiendo en que esta nueva reforma eléctrica estaba encaminada a frenar el autoconsumo y eliminar la posibilidad del balance neto impidiendo el vertido a la red con una retribución; a acabar definitivamente con las energías renovables –dando un hachazo a las ya instaladas y penalizando las nuevas propuestas- y a cargar sobre el consumidor la deuda histórica de la electricidad en España. Y así ha sido.

Frente a Alemania que genera el 51% de su producción energética en los hogares, el gobierno de Mariano Rajoy se saca de la manga un impuesto único en el planeta –el peaje de respaldo- que, como dijo la revista Forbes con todo el cachondeo del mundo, impone un impuesto al sol y a la generación de energía verde en nuestras viviendas. Se trata de un gravamen disuasorio y discriminatorio que “perjudicará a la economía española” como alega la Comisión Nacional de la Competencia que afirma también que los autoconsumidores no solo ahorran en su bolsillo sino al conjunto del sistema. No podía ser menos. Era inevitable y se veía venir. Con el abaratamiento actual de los paneles fotovoltaicos, una regulación adecuada nos permitiría alcanzar una cifra de producción en nuestras casas de cerca de un 60% y abaratar en más de un 50% nuestro recibo de la luz, lo que pondría en riesgo el monopolio de facto del trust constituido por Iberdrola, Enel, E. On Gas natural y Unión Fenosa que lucha con uñas y dientes contra la democratización de la energía. Pero no es solo eso. El año pasado España se gastó en la compra al exterior de combustibles fósiles la friolera de 46.608 millones de euros y como apunta la CNE el desarrollo del autoconsumo es imprescindible dado que “nuestro país ha presentado tradicionalmente una alta dependencia energética respecto al exterior, resultando el autoconsumo una estrategia voluntaria, a nivel microeconómico, que facilitaría la reducción de esa desventaja económica con repercusión sobre la totalidad del sistema económico (…). La producción descentralizada permite la utilización de fuentes locales de energía contribuyendo a aumentar la independencia energética, una mayor seguridad de suministro local, trayectos de transporte más cortos y menores pérdidas en la transmisión de energía”. En el mismo periodo de tiempo la producción limitada de energías renovables ahorró a las arcas del Estado más de 5.000 millones de euros, el equivalente a 45 millones de barriles de petróleo. Y entonces… ¿por qué sucede esto?

Sucede por las presiones del oligopolio de siempre que quita y pone ministros, que reserva suculentos puestos en sus consejos de administración, con emolumentos millonarios, a políticos de primera fila ya retirados, que se resiste a perder cuotas de poder y que antepone su cuenta de resultados al interés general de un país. Sucede porque existen algunos partidos políticos cómplices que se pliegan a sus dictados, al abrigo de oscuros intereses que permiten la continuidad de un modelo que les garantiza la supervivencia.

Y da lo mismo que eso profundice en nuestra dependencia del exterior y que estemos sometidos continuamente a los vaivenes de los precios de un mercado frágil y en manos de países en conflicto permanente; da lo mismo que los combustibles fósiles se agoten y que los desperdiciemos quemándolos; da lo mismo que no cumplamos con el objetivo 20-20-20 de la UE de recorte de las emisiones de CO2, eficiencia y ahorro energético y producción de renovables (Europa acaba de advertir a España con llevarla ante su tribunal de Justicia); da lo mismo el deterioro medioambiental y las condiciones de salud de la población; da lo mismo que perdamos el papel de vanguardia mundial que habíamos conseguido en tecnología y profesionales; da lo mismo que en los últimos seis meses las energías renovables hayan producido más energía que las convencionales y producido un ahorro notable a la hacienda pública…

Se trata de atacar a la parte más débil del sistema, de machacar a las renovables y a los consumidores para mantener un modelo anquilosado, inseguro y caro. Y poderoso, muy poderoso. Tan poderoso que obliga a mantener un déficit tarifario sostenido sobre manipulaciones continuadas del proceso de fijación de los precios donde se apropian de las rentabilidades multimillonarias de las hidroeléctricas y las nucleares ya amortizadas, de primas por la interrumpibilidad y la disponibilidad, de los incentivos a la inversión, de los costes de transición a la competencia no devueltos, de los precios amañados del transporte y la distribución y un largo etcétera. Por cierto un déficit que se inventaron, para favorecer al oligopolio eléctrico, Rodrigo Rato –el mago de las preferentes y Bankia- y José Folgado –Secretario de Estado en aquel momento y hoy premiado con la presidencia de Red Eléctrica, con un sueldito de 55.000 euros al mes-.

Y por Canarias la cosa no parece ir mejor. A las incertidumbres de la hidroeléctrica de Chira-Soria, que sigue paralizada, se suman las últimas medidas anunciadas por José Manuel Soria asegurando una tarifa específica para las islas que garantizaría una asignación de entre 85 y 90 euros por cada MW/h solo para los parques ya adjudicados, dejando fuera las repotenciaciones y los consumos asociados, y 460 MW eólicos nuevos a distribuir que se propone adjudicar a dedo desde el ministerio y al margen del Gobierno canario y los ayuntamientos -¡dios mío, con los antecedentes con los que contamos!-. Si a esto le unimos las servidumbres aeroportuarias y la carencia de infraestructuras para verter a la red la energía producida, la realidad es que posiblemente no veamos instalado un nuevo molino en muchos años. Parece que se apoya una propuesta atractiva para Canarias, pero lo cierto es que detrás no hay sino humo y palos en las ruedas. Mientras, seguimos pagando más de 1.600 millones de extra costes cuando generar electricidad con energías limpias es tres veces más barato. Al tiempo, el ministro y los empresarios que le sirven de correa de transmisión se desgañitan con el petróleo y el gas. Será por eso que tienen que venir de Sudáfrica a animarnos a concursar para ejecutar los 22.000 millones que tiene destinados a potenciar las renovables allí.

(*) Antonio Morales Méndez. Alcalde de Agüimes 

Miembro de la Plataforma por un Nuevo Modelo Energético para Canarias (Px1NMEC)