La políticas del Gobierno del Partido Popular siguen cosechando unanimidades… en contra. No es solamente la ley Wert o el intento de privatización de los hospitales de Madrid. También las ambientales. Para muestra, otro botón: la autorización a Repsol a que haga prospecciones petrolíferas en aguas de Canarias ha suscitado una oposición general histórica. El lunes, día 2, se verá en un acto de protesta en el Círculo de Bellas Artes de Madrid en el que estará el presidente regional canario, Paulino Rivero, junto a representantes de los cabildos insulares, organizaciones ecologistas, sociales, profesionales, sindicales, partidos políticos e instituciones científicas de todo el estado.
El listado, facilitado por la entidad coordinadora Oficina Acción Global es amplia: Presidente, vicepresidentes y Consejeros del Gobierno de Canarias y de los Cabildos de Lanzarote y Fuerteventura, así como máximos representantes de, entre otros, Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF), Greenpeace España, Sociedad Española de Ornitología (SEO/Birdlife), Ecologistas en Acción, Amigos de la Tierra, Oceana, Casa Saramago, Fundación César Manrique, Plataforma por un Nuevo Modelo Energético, Fundación Renovables, Partido Socialista Obrero Español, Izquierda Unida, Coalición Canaria, Nueva Canarias, Confederación de Los Verdes en España, EQUO, otras fuerzas políticas, sindicatos UGT y CCOO, instituciones científicas marinas, pescadores canarios, colectivos sociales y ciudadanos de Canarias, Baleares y otras comunidades autónomas.
Precisamente, lo que se pretende es convertir la oposición a esas prospecciones petrolíferas de Repsol en aguas lindantes con zonas marinas protegidas de las islas de Lanzarote y Fuerteventura, que fueron autorizadas por el Gobierno de Mariano Rajoy en 2012, en una campaña internacional que trascienda aún más las fronteras del estado español.
Se trata de evitar no solo que se concreten las prospecciones sino también que, a continuación, se instalen plataformas de extracción de hidrocarburos en las aguas canarias. Porque, como tienen claro las decenas de organizaciones convocantes del acto agrupadas en la OAG, las fugas y vertidos de baja y media intensidad y catástrofes de menor grado son frecuentemente originados por la actividad de las plataformas petrolíferas marinas.
Un derrame petrolífero de intensidad media en esas aguas causaría un impacto tremendo tanto a la gran biodiversidad existente en las aguas de Fuerteventura y Lanzarote como también tendría perniciosas consecuencias directas sobre la industria turística sostenible que es la principal fuente de ingresos y trabajo para todo el archipiélago canario.
Las Canarias tienen 19.550 especies y 693 subespecies de flora y fauna. De ellas, 4.021 de las primeras y 625 de las segundas son endémicas. Los argumentos para pedir que no se realicen los proyectos de Repsol, que lidera un consorcio integrado por la alemana RWE Energy y la australiana Woodside, son sólidos en términos sociales y ambientales.
Por si quedara alguna duda, baste señalar que Canarias tuvo 12 millones de turistas en 2011 y otros 10 en el año anterior y que Fuerteventura y Lanzarote están declaradas, como las de La Palma, La Gomera, El Hierro y la mitad de Gran Canaria, Reservas Mundiales de la Biosfera por la UNESCO, lo que constituye un acervo cuya preservación debería ser tenida en cuenta desde el punto de vista ambiental y desde el turístico.
Por tanto, estima la OAG, la mera existencia o puesta en marcha de plataformas petrolíferas marinas en las aguas donde se pretende instalarlas es extremadamente riesgoso para el futuro de las islas en general y de Fuerteventura y Lanzarote en particular. Porque, además, los fondos marinos donde se pretende iniciar las perforaciones en aguas de estas dos islas son de hasta 6.000 metros bajo lechos de 1.500 de lámina de agua, y en una zona que tiene movimientos sísmicos habituales que han alcanzado en alguna ocasión el grado 4,5 en la escala Richter.
Todos estos datos esgrimidos desde la OAG deberían ser suficientes para hacer desistir al Gobierno de Mariano Rajoy de mantener la autorización de prospecciones y perforaciones petrolíferas en aguas de Fuerteventura y Lanzarote. Pero, si nada cambia, todo indica que se volverán a repetir las prácticas destructivas y de riesgo de cuyas consecuencias tuvimos el último ejemplo en lo sucedido con la plataforma Castor frente a la costa norte valenciana y sur catalana, tan afortunadas en esto como las islas en cuestión.
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