Trapacerías y pobreza energética

Antonio Morales

En la última década, la luz ha subido en España en más de un 80%. Desde que comenzó la crisis hasta ahora el incremento ha sido de casi un 40%. Solo durante el año pasado el recibo de la luz  soportó cuatro subidas. Desde 2007 hasta ahora el aumento ha sido de 404 euros al año. Tras Malta y Chipre –sistemas insulares más costosos- tenemos la electricidad más cara de Europa (en realidad, es una de las más onerosas del mundo). En los presupuestos de 2014 el Gobierno ha incluido la previsión de un aumento del 4% a lo largo del ejercicio.

Aún así, el Estado tiene contraída una deuda con las eléctricas españolas de más de 26 mil millones de euros. Se trata del famoso déficit tarifario que se inventaron Rodrigo Rato, Aznar (hoy empleado de Enel-Endesa, con un salario de alrededor de 200.000 euros anuales) y José Folgado (secretario de Estado en aquel momento y hoy presidente de Red Eléctrica con unos emolumentos de 55.000 euros al mes). Concibieron un sistema perverso de subasta para establecer el precio de la electricidad que deja todo en manos de las patronales de la energía. 

Ellas se lo guisan y ellas se lo comen. Hacen de subastadores y subasteros. Especulan con los precios. Cierran el paso a la competencia.  Y fijan el 50% del importe de la factura atendiendo al valor de la producción más cara en el momento de la puja, obviando los costes infinitamente más bajos de las centrales nucleares amortizadas o las hidroeléctricas en la misma situación. Y se hace además, como denunció tantas veces la Comisión Nacional de la Energía, con prácticas contrarias a la competencia, ocultando información sobre los participantes que pujan o se retiran o de cómo se recalculan los precios. Y además, se niegan a pagar los Costes de la Transición a la Competencia, que adelantó el Estado en su día para hacer frente al proceso de integración en la Unión Europea, y que superan los 3.000 millones de euros. Por cierto, alegan que ni el Gobierno de Aznar ni el de Zapatero se lo reclamaron en tiempo y forma. Lo dejaron pasar y se vencieron los plazos. Y además cobran suculentas primas por tener disponibles, por si se pudieran necesitar, las plantas de ciclos combinados paradas.

Para hacer frente a este “compromiso” del Estado con Unesa, la patronal de las eléctricas, el ministro de Industria, Turismo y Energía, siguiendo los postulados de FAES, que le colocó a Nadal como centrocampista, puso en marcha una reforma eléctrica (cuestionada por la UE) que atacaba frontalmente a las renovables, impedía el autoconsumo y el balance neto y establecía una partida para los presupuestos del próximo año de 3.600 millones de euros para “subvencionar” el precio de la luz e impedir el aumento del déficit tarifario. Exactamente 2.200 para el desfase tarifario, 900 para cubrir la mitad de los sobrecostes de producción en los territorios extrapeninsulares y 500 derivados de impuestos de hidrocarburos. Pero llegó Montoro (que ha tenido intereses profesionales ligados a las renovables, que no le cae nada simpático el ministro canario y que alega que el déficit general del Estado es más importante que el eléctrico) y mando parar. De un plumazo se carga la estrategia de Soria y nos devuelve los demonios de una nueva y brutal subida de la factura de la luz y la duda de si los extracostes insulares se pueden ver cuestionados y repercutidos sobre los consumidores isleños. Se trata de una desautorización en toda regla que recibimos los consumidores como un cachetón en nuestra propia cara.

Por supuesto, ya la patronal comienza a vendernos la idea de que la subida de la luz en el próximo ejercicio rondará un 14%. De hecho las empresas ya han tenido serias dificultades en la Bolsa y el MWh se ha disparado a 88 euros. Según Vozpópuli, el sector lo atribuye al recorte, a la fuerte demanda de estos días, la menor producción eólica –miren por donde- y la parada de dos grupos nucleares, que ha obligado a recurrir al carbón y al gas natural, “las tecnologías más caras”. ¿Pero acaso no nos decían que el gas era más barato?  Nadal les sale al paso diciéndoles que no se hará así y que se pagará “despacito”, lo que significa que seremos los usuarios los que pagaremos los intereses y que repercutirá en los recibos de la luz. Por lo pronto, agarrémonos los machos: en enero tendremos una nueva subida.

Y nos hablan ya sin tapujos de un déficit tarifario superior a los 30.000 millones de euros que se irá agrandando en función de los intereses y que nos describe con total claridad el enorme poder que ejerce el cártel energético, aglutinado en torno a Unesa, sobre los partidos políticos y los gobiernos de turno. Resulta difícil de entender que unos y otros mantengan un sistema tan poco transparente, que genera al Estado y sus ciudadanos una deuda multimillonaria, al tiempo que pagamos los recibos de la luz más caros de Europa. Es igualmente sorprendente, que aumente la deuda con  las eléctricas que operan en España cuando estas duplican sus ganancias con respecto a sus homólogas europeas. Mientras los dividendos de las hispanas en los últimos años se sitúan en torno a  un 6-7%, los de las energéticas del Viejo Continente no llegan a un 4%. Curioso. 

En España las principales compañía eléctricas registraron el año pasado un beneficio conjunto de 6.316 millones de euros y las ganancias en el primer semestre de este año ya van por 4.225 millones de euros. Pero es más, Borja Prado, presidente de Enel- Endesa percibió el año pasado un salario de 2,24 millones de euros,  además de aportaciones a sus fondos de pensiones de un total de 212.218 euros y primas de seguros de vida de 112.513 euros. Los miembros del consejo de administración de esta compañía percibieron un total de 5,7 millones de euros.  Lo de Ignacio Sánchez Galán, presidente y consejero delegado de Iberdrola tampoco es moco de pavo. Sus honorarios totales en el último ejercicio ascendieron a 9,5 millones de euros (6,3 millones en metálico y medio millón de acciones por un valor de 3,5 millones de euros). Según Roberto Centeno estas retribuciones son 30 veces mayores que las de sus homólogos japoneses y 5 veces más que en Alemania. Su consejo de administración percibe una cantidad similar a la de Endesa, de alrededor de los 5 millones de euros.

La energía más cara de Europa, las mayores ganancias de las empresas, los más altos salarios de sus directivos  y  les seguimos debiendo 30.000 millones de euros. Y encima en 2012 cortaron la luz de 1,4 millones de hogares españoles. Y lo peor no es esto. La Asociación de Ciencias Ambientales (ACA) ha elaborado un estudio sobre la Pobreza Energética en España que pone los pelos de punta. Este colectivo afirma que uno de cada tres hogares cuyos miembros están en paro y un 10% de los hogares españoles –unos cuatro millones de personas- se encuentran en situación de pobreza energética: no son capaces de pagar  una cantidad de servicios de la energía suficientes para la satisfacción de sus necesidades domesticas y/o se ven obligados a destinar una parte excesiva de sus ingresos a pagar la factura energética de su vivienda. 

Según el Observatorio de Vulnerabilidad de Cruz Roja, cerca del 58% de las personas atendidas por esta institución tenía problemas para mantener su casa a una temperatura óptima y la afección de los problemas económicos en la salud ha crecido del 55% en 2011 al 84% en 2013. También el último informe del Observatorio de la Sostenibilidad en España (OSE) nos dice que la pobreza energética puede ser la causa de entre 2.300 y 9.300 muertes prematuras en este país cada año, con especial incidencia entre ancianos en invierno. Cáritas acaba de informar que solo en Cataluña las ayudas para paliar la pobreza energética se han disparado en un 326%. Se trata, sin duda, de una terrible injusticia social para la que se dan la mano un oligopolio insaciable y un gobierno insensible que pervierte la democracia.