La Asociación de Adjudicatarios del Concurso Eólico calcula que los cambios de adjudicaciones no superarán el 15% del total
Julio Gutiérrez, La Provincia
El Ministerio de Industria y Energía y Turismo ha decidido meter la directa para la aprobación del marco regulatorio que propicie la instalación de los 441,6 megavatios de potencia eólica adjudicados por el Gobierno de Canarias en el concurso de 2007. Sin embargo, la celeridad juega en este caso en contra de la consecución de los objetivos, ya que el real decreto que, dentro de la nueva ley del sector eléctrico, regula los sistemas extrapeninsulares y se pretende aprobar la semana próxima deja sin tarifa eólica a los parques que se instalen más allá del último día de 2016. El resultado será que varios de ellos nunca lleguen a ver la luz.
Sin saber el precio al que se pagará cada megavatio hora que produzcan sus aerogeneradores, los inversores enviarán sus proyectos al cajón de lo que pudo haber sido. En definitiva, sin tarifa eólica los productores no arriesgarán una inversión cuyo retorno no conocen. El problema es que en esa situación se pueden encontrar muchos de los 38 parques eólicos previstos.
Para empezar, las sentencias que irá emitiendo en las próximas fechas el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) obligando a la Consejería de Empleo, Industria y Comercio del Ejecutivo canario a volver a valorar 37 ofertas que concurrieron sin éxito al certamen de 2007 provocará la salida de algunos actuales beneficiarios y la entrada de otros nuevos.
La Asociación de Adjudicatarios del Concurso Eólico calcula que los cambios de adjudicaciones no superarán el 15% del total. "Los que entren nuevos no llegan a tiempo de coger la tarifa", explicó ayer el presidente de la mencionada organización, Claudio Palmés. Ni uno solo de quienes obtuvieron respuesta positiva en junio de 2009, cuando se falló definitivamente la convocatoria, ha podido aún colocar un solo molino. Es decir, cuatro años y medio no han sido suficientes, con lo que quienes ahora conozcan que son adjudicatario no tendrán el tiempo suficiente para materializar sus inversiones antes de 2017.
Variar las adjudicaciones conlleva cambiar también la ubicación de algunas de las subestaciones necesarias para que la energía generada por los molinos llegue a la red. Eso significa iniciar un nuevo trámite en la Consejería de Industria. Aunque en el departamento que dirige Francisca Luengo la apuesta por las renovables está declarada como asunto de primerísimo orden, luego vendría la pelea con el Ministerio de Energía de José Manuel Soria. Si bien el subsecretario Enrique Hernández Bento también está por la labor de que los aerogeneradores proliferen en las Islas, el tiempo ya está pasando.
Además, en dicho ministerio están sobrados de cuestiones de suma importancia. Sirva como ejemplo que el ministro José Manuel Soria se comprometió hace un año a llevar al Consejo de Ministros la construcción de las subestaciones necesarias para la evacuación de la energía a la red y hasta la fecha no hay noticia. Además, cuando ese trámite obtenga el nihil obstat será el turno para que Red Eléctrica de España (REE) empiece a pelear con los particulares afectados y los ayuntamientos para obtener los permisos necesarios que las hagan administrativamente viables. En el sector existe una regla no escrita para Canarias que sitúa en dos años el plazo medio para la obtención de esos permisos.
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