Antonio Morales
El pasado día 2 de febrero, Jeffrey Sachs, uno de los economistas más reputados, responsable del Proyecto del Milenio de Naciones Unidas, publicó un artículo en El País (Una profunda descarbonización) en el que manifestaba que “gran parte de la crisis medioambiental mundial (aunque no toda) se debe al sistema energético basado en los combustibles fósiles del mundo. Más del 80% de toda la energía primaria del mundo procede del carbón, del petróleo y del gas. Cuando se queman esos combustibles fósiles, emiten dióxido de carbono, que, a su vez, cambia el clima de la Tierra. Los datos físicos básicos se conocen desde hace un siglo. Lamentablemente, unas pocas compañías petroleras (ExxonMobil y Koch Industries son las más destacadas) han dedicado recursos enormes a sembrar la confusión aún en los casos en los que existe un claro consenso científico, pero, para salvar el planeta tal como lo conocemos y preservar el abastecimiento del mundo en alimentos y el bienestar de las generaciones futuras, no hay otra opción que pasar a un nuevo sistema energético con un nivel escaso de emisiones de carbono”.
El recién galardonado con el Premio Fronteras del Conocimiento de la Fundación BBVA, en la categoría de Ecología y Biología de la Conservación, el biólogo Paul Ehrlich, acaba de decirnos que “la supervivencia de la civilización probablemente depende de nuestra capacidad de frenar el consumo de combustibles fósiles, pero las pérdidas económicas serían tremendas para la industria de los combustibles, fuertemente subsidiadas por políticas gubernamentales ignorantes…”.
Stephen Emmott, doctor en Neurociencias, investigador y autor de Diez mil millones (Anagrama), un manifiesto contra la autocomplacencia que nos avisa de un proceso de destrucción del planeta en algunos aspectos irreversible, asegura, en La Vanguardia, que debemos embarcarnos urgentemente a nivel planetario en un programa de desarrollo de las energías renovables, y al mismo tiempo nos advierte que debemos ser realistas porque “hay billones de dólares de beneficio en el carbón, el gas y el petróleo que hay bajo el suelo. Pensar que las empresas van a dejar todo ese dinero enterrado es ilusorio”.
He querido traer a colación estas tres manifestaciones por recientes y contundentes, pero podría citar muchísimas más. En realidad, la práctica totalidad de la comunidad científica señala los peligros del cambio climático -debidos fundamentalmente al CO2- y los riesgos del no retorno en el deterioro de la Tierra. Para la Agencia Internacional de la Energía, dos tercios de las reservas de combustibles fósiles (gas, petróleo y carbón) deberían permanecer sin extraer si queremos evitar el continuo aumento de las temperaturas y sus consecuencias. Las ciclogénesis que se viven en estos días en Europa y sus orígenes y consecuencias las describía El Roto de una manera contundente: “El mar se expresaba con angustiada vehemencia, pero los hombres no le entendían”.
La semana pasada la Agencia Europea del Medio Ambiente lanzaba un informe en el que afirmaba que el 90% de la población urbana del continente respira aire dañino, lo que provoca 400.000 muertes prematuras al año. Curiosamente, para este organismo los españoles son los peor informados y los segundos que tienen más claro que sus autoridades no hacen nada para impedirlo. La periodista Juana Viúdez nos dice en el diario de Prisa que el científico Richard Heede, del Instituto de Responsabilidad Climática, ha llegado a la conclusión de que un 63% de las emisiones de dióxido de carbono y metano mundiales se pueden atribuir a 90 empresas. En España, apenas una decena concentró el 65%, según el ecólogo Fernando Prieto, y encabezan la lista las eléctricas Endesa y Gas Natural Fenosa y le siguen Repsol, Hidrocantábrico, Iberdrola y E.ON. A pesar de que las pérdidas económicas relacionadas con el cambio climático ascienden en la actualidad a más de 148.000 millones de euros al año, según el Banco Mundial que calcula que invertir para atajarlo ahorraría hasta un 50% de los costes, la avaricia y la crisis económica han situado el problema en un segundo plano.
Desgraciadamente las medidas puestas en marcha en las últimas semanas en Europa y las decisiones tomadas por el Gobierno español en los últimos dos años alrededor de la energía y las renovables no son ajenas a todo esto. A pesar de que Christine Lagarde considera el cambio climático como el mayor desafío económico de este siglo, de que el secretario general de la OCDE ha advertido que se debe elegir entre unos activos bloqueados o un planeta bloqueado y de que Europa ha reconocido ser el mayor importador de combustibles fósiles del mundo, lo cierto es que, hace unos días, la UE ha renunciado a los objetivos del 20% en renovables y 20% en ahorro energético para 2020. Se plantea únicamente alcanzar una reducción de emisiones de alrededor de un 35%, pero apoyada en las nucleares y no en las energías limpias. Una auténtica claudicación.
Pero España no se queda atrás. La primera medida que tomó el Gobierno de Rajoy en relación con la energía en esta legislatura, en concreto en enero de 2012, consistió en eliminar los apoyos a la instalación de energías renovables y en establecer una moratoria a la instalación de más megavatios verdes en España. Era el primer hachazo a un sector pujante, vanguardista a nivel internacional, creador de empleo, dinamizador de la economía, ahorrador de importaciones de combustibles (España importa cada año casi 47.000 millones en combustibles fósiles), plural y democrático, limpio y sano… Pero les resultó poco al ministro, a FAES y a la patronal Unesa. Y ponen entonces en marcha una reforma energética caótica que no ataja los desmanes de las eléctricas y los fondos de inversión sobre las subastas y las tarifas a los consumidores, pero que sí produce un nuevo zarpazo tremendamente efectivo a las renovables: se vuelve a dar una tajada a las energías verdes, se establece un impuesto al sol que elimina de facto el autoconsumo y se impide el balance neto, lo que hace desaparecer la producción de energía en los hogares y la diversificación y la democratización energética. Y aún no quedaron saciados. Y entonces se inventan un tercer hachazo para seguir ahondando en su ruina y desaparición: en un ataque a la seguridad jurídica sin precedentes, Soria elimina la subvención a los aerogeneradores anteriores a 2005 y propicia un recorte al resto de las energías limpias. Más de 2.000 millones de recortes que provoca la ruina de miles de pequeños inversores que tendrán que abandonar o malvender al mejor postor (grupos financieros o grandes eléctricas, claro) el trabajo, la ilusión y el esfuerzo de tantos años. Y va más allá: pone en marcha una nueva propuesta tarifaria que beneficia a la potencia contratada y penaliza el ahorro y la eficiencia, para provocar un mayor consumo y, en consecuencia, para propiciar más ganancias para las eléctricas. Y en medio y a la zorruna nos aumenta la tarifa entre un 1% y un 3%, según la CNMC, mientras nos dice que la factura bajará para los consumidores. Éramos una potencia en renovables y vamos ahora hacia el vagón de cola a una velocidad vertiginosa.
El Gobierno del primer país del mundo que produce más en eólica que en nuclear; el Ejecutivo del primer país del mundo que ha conseguido hacer de la energía eólica la principal fuente de generación durante todo un año, rompiendo la dependencia exterior y reduciendo los costes de producción, lo tira ahora todo por la borda. Pretende acabar con un modelo que cuestiona el oligopolio de las eléctricas y disminuye las multimillonarias ganancias de los que se sustentan en los fósiles, incluso con burbujas como la del gas y los ciclos combinados ruinosos. Por eso la insistencia en las extracciones de crudo, en el gas, en el fracking…
Y en Canarias es aún más terrible. Porque estamos a la cola de la lucha contra el cambio climático y en la producción de energías renovables. Porque producir energía con fósiles cuesta cada año 1.500 millones más que en la península. Porque producir energía con eólica sale a 89 euros el MWH y con las fósiles a 230 el MWh. Porque tenemos las mejores condiciones del mundo para garantizar nuestra soberanía energética y las desperdiciamos irresponsablemente.
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