Antonio Morales Méndez, alcalde de Agüimes
Desde hace un par de semanas, la consejera de Industria del Gobierno de Canarias y un servidor venimos sosteniendo un debate público sobre la energía en Canarias. La consejera me lo reprocha, pero yo creo que es muy sano. Es conveniente que la ciudadanía contraste las opiniones y se arme un criterio sobre un tema de singular trascendencia para Canarias. Estaría bueno, además, que yo no pudiera expresar libremente mis opiniones. Apunta Francisca Luengo que el artículo que me dirigió el pasado lunes 7 de julio [Al alcalde de Agüimes. Punto y final] es el último. Lo respeto. Y me sumo. Que sea así también por mi parte. Pero me gustaría apurar la paciencia de los lectores y de LA PROVINCIA aclarando algunas de sus afirmaciones postreras.
Desde el principio, la consejera ha insistido en deslegitimar mis planteamientos acusándome de que defender el concurso fracasado y de pretender beneficiar a Agüimes, por ser un municipio con viento. Utiliza así una burda maniobra de distracción para obviar el fondo del debate. Ni defiendo la fórmula del concurso fracasado -por cierto, por la corrupción primero y por una mala gestión, después- ni respaldo solo a los ayuntamientos con viento. Vuelvo a repetir, una vez más, que lo que deseo es que se creen consorcios insulares públicos que accedan al menos al 50% de la energía eólica a distribuir, para dedicar sus réditos a actuaciones públicas medioambientales o sociales en toda la Isla. En toda. No solo en los municipios ventosos. Anhelo también que las pymes canarias dispongan igualmente de un porcentaje para contribuir al tejido socioeconómico de esta tierra. Y, por supuesto, demando que los adjudicatarios del anterior concurso cumplan su compromiso de aportar un 9% de los beneficios del parque a una institución pública y no utilicen triquiñuelas acogiéndose ahora a su nueva propuesta, obviando la anterior. Algunos ya lo empiezan a decir por ahí. Pero de esto no habla. Hace oídos sordos.
Dice que solo acudo a planteamientos políticos y no aporto argumentos técnicos. Le voy a poner sobre la mesa algunas aportaciones en este sentido, consejera. Vuelve a insistir usted en la defensa del gas. Dice que le viene dado. Como si usted no tuviera criterio. Como si usted no pudiera cambiarlo. Pero ya sé que no solo lo quiere sino que usted, en la DOSE, lo defiende a capa y espada. Dice que es por la diversificación energética y porque por las chimeneas de Juan Grande y Granadilla se queman 300 millones de euros en petróleo. Afirma que la implantación del gas significaría un ahorro equivalente a esa cantidad y que ese dinero se quedaría en Canarias. Ambas premisas son falsas ya que por una parte no está nada claro que se consiga el citado ahorro y por otra en ningún caso está prevista la compensación a Canarias por la reducción de costes del sistema eléctrico. Mire, Unelco-Endesa generó en 2012 el 8,71% de los beneficios totales de la multinacional Enel con tan solo el 0,008% de los empleados del grupo, y es evidente que estos resultados son consecuencia de las compensaciones que el propio ministerio piensa auditar porque no se fía. ¿Usted los ha auditado? ¿Usted conoce el coste real? Pues por la misma razón, la reducción de costes por el gas no está clara, al contrario de lo que sí ocurre con la incorporación de energías endógenas renovables, que en el cómputo global permiten reducir realmente los costes de generación y por supuesto de emisiones a la atmósfera. Ya lo sabe, porque se ha repetido hasta la saciedad: Producir con renovables en Canarias sale a, aproximadamente, 89 euros el MW y con fósiles alrededor de 200. Y es que a estas alturas el debate, señora consejera, no es gas-petróleo, sino energías renovables o energías fósiles. Todo lo que se invierta en fósiles, es decir en el gas, repercutirá negativamente en la implantación de renovables y por tanto en la sostenibilidad económica y medioambiental de Canarias. He expuesto los datos en varios artículos y no hace falta volver a repetirlos porque son contundentes. Pero como pide propuestas científicas, le voy a indicar una posibilidad como alternativa al gas para la isla de Gran Canaria: consistiría en instalar un parque de 851,2 MW de origen térmico, conformado por 38 grupos diésel de 22,4 MW (BIA 0.3), un parque eólico de 850 MW, dotado de 369 aerogeneradores de 2,3 MW cada uno, una central hidráulica reversible, con tres bombas de 50 MW cada una y seis turbinas Pelton de 50MW en total (la empantanada Chira-Soria). Con este sistema, la penetración de las renovables estaría en torno al 65% -y no en el 37% que usted dice pretender para el 2020- con un LCOE de 12 céntimos de euro/kWh. Si se vendieran los excedentes de energía renovable (para desalación de agua o carga de baterías) el LCOE podría bajar de los 10 céntimos. El consumo de combustible sería de 260.078 t/año, frente a las 800.000 actuales y la producción del contaminante C02 pasaría de los 2.600.000 t/ año a 598.074.
Me recuerda que usted contribuyó a parir al ITC. Por eso es más grave el parricidio que pensaba cometer. El presunto déficit del Instituto no puede justificar la desaparición de un ente fundamental para el desarrollo de Canarias, puntero en innovación e investigación. ¿Es menos importante el ITC que la RTVC o la Policía Canaria? ¿Justifica su cierre por una mera hipótesis mercantilista? Ah, y el ayuntamiento de Agüimes, junto con la Mancomunidad del Sureste, sí que ha trabajado intensamente con el ITC en proyectos innovadores.
Argumenta que no se puede reservar un 50% de la energía eólica a distribuir para crear consorcios insulares públicos y otro porcentaje para las pymes locales porque se lo impide la regulación del ministerio. Y se mete en un galimatías para justificar su negativa. Pero es más sencillo que todo eso que apunta. Con respecto a reservar una parte de la potencia eólica a las entidades públicas, e incluso otra parte a la pequeña y mediana empresa de Canarias, no estamos diciendo nada que contradiga al Real Decreto 413/2014, por el que se regula la producción de energías renovables, cogeneración y residuos. ¿Se le está olvidando que ya ha negociado reservar una parte de la potencia y a un precio determinado para la parte ya adjudicada, justamente en base a lo expuesto en el mismo? La justificación legal no es en sí el concurso realizado, sino su contribución a la reducción de costes del sistema eléctrico y a la dependencia energética exterior de los sistema extrapeninsulares, cumpliéndose lo previsto en la Ley 24/2013, de 26 de diciembre. Y por supuesto la concurrencia competitiva cabe también dentro del ámbito público y, separadamente, dentro del ámbito de las pymes. Justamente las modificaciones reglamentarias europeas van en la línea de protección a la pequeña y mediana empresa por su importante relación con la creación de empleo y riqueza. Aún así, la disposición transitoria duodécima de la Ley 24/2013, exceptúa de la aplicación del procedimiento de concurrencia competitiva a proyectos de instalaciones eólicas y de modificaciones de instalaciones eólicas de Canarias, en determinadas circunstancias, lo que indica el espíritu político de la legislación nacional de aceptar fórmulas como las que planteo.
Y me dice que yo la cuestiono a usted y no al ministro, lo que tampoco es cierto. He escrito decenas de artículos denunciando el ataque de José Manuel Soria a las renovables. Pero si solo dependiera del ministerio hacer posible que una parte importante de la energía eólica de Canarias fuera pública y usted no estuviera de acuerdo, ¿por qué no se planta como con el petróleo?, ¿por qué no moviliza a la sociedad canaria para hacerlo posible, como con el petróleo? En fin, que es cuestión de voluntad política. O se está a favor de las renovables y del desarrollo de Canarias, favoreciendo a las pymes y a las administraciones que prestan servicios a la ciudadanía, consiguiendo además reducir los costes energéticos con recursos endógenos, gratuitos e inagotables o se está por apoyar a las energías fósiles, caducas, contaminantes y caras, que sólo contribuyen a empobrecer a este archipiélago atlántico y a su gente y a mantenernos dependientes de por vida de la importación de combustibles de lugares conflictivos e inseguros y a que lo poquito de renovables que vayamos pudiendo tener, cuando se pueda, al golpito, se quede solamente en manos privadas y de cualquier lugar del planeta.
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